DE LAS
OPERACIONES MEDIÁTICO/JUDICIALES AL TPP
Un sismo político sacude a la civilización occidental y
expresa el malestar social en un presente dominado por el control del capital
monopólico sobre todos los ámbitos de la vida social. Oleadas de convulsiones
políticas desnudan la crisis de legitimidad institucional. Desde la elección
presidencial en los Estados Unidos hasta la salida de Inglaterra de la
Comunidad Europea, un populismo de distintos signos ideológicos agrieta a las
instituciones republicanas en el primer mundo reclamando autonomía nacional,
representación política y bienestar económico. Al mismo tiempo, “golpes
blandos” jaquean al populismo en América Latina e imponen los intereses de los
más poderosos. Esta conjunción de fenómenos no es casual. El capital monopólico
se expande por el mundo generando estancamiento de la producción global,
destrucción del medio ambiente y creciente desigualdad social. Las
instituciones de la democracia liberal no pueden digerir esta destrucción y
obstruyen la participación y representación popular. El bloqueo del “gobierno
del pueblo y para el pueblo” desnuda la creciente desintegración de la
gobernabilidad democrática. En este contexto, un orden social nuevo emerge y se
globaliza. Formas de organización subterráneas, de tipo mafioso y en abierta
contradicción con las normas y valores de la democracia se ramifican dentro de
las instituciones existentes, las vacían de sentido y cooptan su cáscara.
Constituyen un entramado que desde las sombras, cultivando la coerción y la
corrupción, busca el control absoluto del poder y del dinero. Esta metamorfosis
de lo “viejo” se suma a la generación de nuevos espacios institucionales de
índole privada desde donde se cooptan funciones esenciales a los estados
soberanos. Por una u otra vía, esta nueva institucionalidad busca el control
monopólico de las decisiones que se toman a nivel global, tanto en el ámbito
económico, y político como en el cultural.
Rastros de la existencia de este entramado institucional
aparecen, en mayor o menor grado, tanto en el primer mundo como en la
periferia. Desde tiempo atrás, la Argentina muestra las huellas de la nueva
institucionalidad. La caída del terrorismo de Estado inauguró un periodo
democrático caracterizado por una enorme fragilidad institucional. A pesar de
la política de derechos humanos, del enjuiciamiento del terrorismo de Estado y
de otros importantes cambios ocurridos en democracia, una trama de relaciones mafiosas
y clandestinas impregna a las instituciones del país. Hundiendo sus raíces en
el riñón del poder económico concentrado y escondiendo su cabeza en el
tenebroso mundo de la “inteligencia,” este entramado mafioso ocupa hoy el
primer plano del escenario político.
La alianza “Cambiemos” llegó al gobierno a través de
elecciones e inició su mandato convirtiendo a las promesas de la campaña
electoral en su antitesis. Detrás de las masivas transferencias de ingresos que
sus políticas producen, emerge un objetivo estratégico: “salir del populismo” a
través de cambios estructurales destinados a “maniatar” al Estado y producir
una gobernabilidad sin inclusión social. La rapidez y profundidad de los
cambios en los precios relativos, la apertura indiscriminada de importaciones,
la desocupación masiva, la perdida del poder adquisitivo de la población y el
endeudamiento externo buscan imponer la preeminencia de las rentas de todo tipo
en una economía crecientemente primarizada. En estas circunstancias, no bastan
las leyes y decretos. El elemento central será la coerción, en sus distintas
formas: desde el disciplinamiento social a través del miedo a la desocupación y
al hambre hasta los intentos de moldear la agenda política del día con
operaciones mediático-judiciales que, al mismo tiempo que pretenden identificar
al populismo con corrupción, buscan “naturalizar” al entramado de complicidades
mafiosas que corroe al sistema institucional argentino.
Para imponer el reverso de las políticas prometidas, el
gobierno utiliza a los medios concentrados como punta de lanza de un
dispositivo que, incluyéndolos, los trasciende. Usando una aceitada red de
relaciones subterráneas que conecta a los servicios de inteligencia con
miembros del Poder Judicial, legisladores, funcionarios, periodistas,
dirigentes políticos, empresarios etc. Los medios implantan en la opinión
pública información cuya veracidad nunca es puesta en duda. Con un formato que
apela al entretenimiento por el horror, estos medios mimetizan la política del
gobierno anterior con ilícitos de todo tipo ocultando al mismo tiempo los
ilícitos actuales. Más allá de la verdad de los hechos denunciados, las
operaciones mediático/judiciales no solo buscan “embarrar la cancha” engañando
y ocultando los objetivos de la política oficial sino que naturalizan la
existencia de esta red mafiosa y las “operaciones” que produce. Con un mensaje
único y una divulgación mediática monolítica, masiva y reiterada, los medios
crean una realidad que se independiza de la trama mafiosa que la origina. Por
arte de magia, toda la política del gobierno anterior se identifica con la
corrupción y la red de complicidades que producen las operaciones
mediático-judiciales se naturaliza.
Esta manipulación institucional no agota los intentos de
imponer los cambios deseados. Para ello el gobierno también incursiona por
otros caminos, siendo uno de ellos la inclusión del país en un orden
institucional global y extraterritorial que, pretendiendo consagrar el libre
comercio internacional, impone el dominio del capital monopólico sobre la
producción y sobre funciones esenciales a los Estados soberanos. De ahí que la
“apertura al mundo” que propone Macri (Página/12 17.5 2016; 16. 6. 2016) se
complemente con la incorporación del país a la Alianza para el Pacifico, antesala
inevitable a la inclusión en uno de los tres mega tratados de comercio
internacional impulsados por los Estados Unidos: el Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica o TPP. Este último es el norte silencioso
de la política de Macri.
En efecto, el TPP profundiza cambios estructurales de enorme
trascendencia en lo que hace a la integración productiva y la soberanía
nacional. Por un lado busca privatizar a las empresas públicas y sacar del
ámbito del Poder Judicial la atribución de dirimir eventuales conflictos con
las corporaciones multinacionales. Para ello propugna el desarrollo de
tribunales de arbitraje de índole privada y extraterritorial, conformados por
abogados de empresas multinacionales. Exento de todo tipo de control social, este
arbitraje privado no se atiene a precedentes legales y sustituye funciones
básicas del Estado en diversas áreas de la vida social: desde la economía, la
salud y la educación hasta el medio ambiente. Por otra parte, el TPP impone el
derecho de las corporaciones multinacionales a compensación económica por la
eventual frustración de “expectativas de futuras ganancias” y profundiza el
control que estas corporaciones tienen actualmente sobre la división
internacional del trabajo. Basada en cadenas globales de valor (CGV)
controladas en puntos estratégicos por un reducido numero de empresas
multinacionales, esta división del trabajo integra el proceso productivo a
nivel global y lo desintegra a nivel local generando así un contexto donde las
decisiones de inversión y producción a nivel local dependen de la racionalidad
del complejo empresario multinacional. Esto bloquea la capacidad que el Estado
tiene de articular una política productiva acorde con los recursos de su
territorio y las necesidades de su población. Estas CGV han tenido un impacto
negativo sobre la industrialización de los países, sean estos del primer mundo
o de la periferia. Así por ejemplo, en los Estados Unidos han producido una
creciente des- industrialización acompañada por la decadencia de ciudades
anteriormente pujantes, la precarización del trabajo y el empobrecimiento de
vastos segmentos de la población. El impacto de la crisis brasilera sobre
nuestra producción industrial es sólo un ejemplo de las consecuencias negativas
de las CGV en la periferia.
El momento que vivimos no surgió de la nada. Las políticas
aplicadas por este gobierno no son casuales ni producto de la ineficiencia. Más
allá de esto último, estas políticas se enraízan en un proyecto mundial de
expansión económica y gobernabilidad social. También se explican por lo que ha
ocurrido en nuestro pasado más reciente. De ahí la importancia de analizar no
solo el contexto global sino también los éxitos y los fracasos de la década
pasada, incluyendo el rol del Estado, la política industrial y la inclusión
social resultante. Solo conociendo de donde venimos podremos saber hacia donde
vamos. Solo con conciencia de nuestras limitaciones podremos encontrar un
camino que, superándolas, conduzca a una integración nacional con inclusión social
sustentable.
* Socióloga.
***
LAS FUNDACIONES DE CAMBIEMOS NO PRESENTARON BALANCES ANTE LA
IGJ Y CRECEN LAS SOSPECHAS
El robo a Michetti complica al PRO
Ante el requerimiento del juez Lijo, la Inspección General
de Justicia informó que las fundaciones de Michetti, Grindetti, Burzaco y
Dietrich no presentaron balances. El robo a la vicepresidenta muestra las
turbias finanzas del PRO.
Por Irina
Hauser
La fundación “SUMA”, a la que según Gabriela Michetti
pertenecía (por donaciones) parte del dinero robado en su casa, no presentó
balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), ni registró empleados,
ni sueldos ni movimientos económicos hasta el día que fue denunciada, a
mediados de julio. Ahí pidió cambio de domicilio “urgente”, se anotó como
empleadora y empezó a presentar balances. El juez federal Ariel Lijo investiga
el origen del dinero sustraído y al pedir conocer los legajos de otras tres
fundaciones ligadas a funcionarios del PRO se encontró con la misma situación:
ninguna presentó balances de su actividad. Se trata de “Fundar Seguridad y
Justicia”, del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “Creer y crecer”, del
intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y “Formar”, del ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich. La sospecha es que no hay órgano del Estado que haya
controlado el manejo de sus fondos ni de dónde proviene, por lo que esas
organizaciones podrían ser pantallas de financiamiento ilegal de la política.
Michetti quedó imputada hace dos semanas en un dictamen del
fiscal Guillermo Marijuán, quien impulsó la apertura de la causa para que se
investigue el origen del dinero robado, un hecho que ocurrió el 22 de noviembre
del año pasado, día del ballotage presidencial, pero que el macrismo mantuvo
oculto hasta que lo reveló el diario cooperativo Tiempo Argentino en su edición
del 17 de julio. A la vicepresidenta le faltaron de su casa 245 mil pesos y 50
mil dólares. Su explicación pública fue que 200 mil pesos eran de donaciones
para la fundación SUMA, 45 mil eran para refacciones y los 50 mil dólares dijo
que eran un préstamo que le hizo su pareja, Juan Tonelli, para pagar una
maestría a su hijo. Por el robo en sí estuvo detenido y va camino a juicio oral
su entonces custodio, David Juan Pablo Cruzado.
El juez Lijo analiza la declaración jurada patrimonial de la
vicepresidenta, donde el préstamo de Tonelli figura, aunque fue confeccionada
después del robo. Pero la Oficina Anticorrupción sólo le envió la declaración
pública de Michetti que puede consultar cualquier ciudadano, no la más completa
que es reservada. De todos modos, también el juzgado le pidió a la AFIP las
declaraciones juradas de la funcionaria y de todas las fundaciones, porque allí
deberían estar registradas las donaciones. Una vez que se sepa si reconocen
donaciones o no, así como quiénes son los aportantes, avanzarán con el análisis
de cuentas bancarias. Por lo pronto, si los 200 mil pesos eran efectivamente
donaciones, habría un problema legal porque las donaciones a las fundaciones
deben ser siempre bancarizadas. Lijo pedirá también la declaración de bienes de
Tonelli quien en la causa penal dijo que él le había llevado a Michetti los 200
mil pesos el día anterior y que era dinero para donar, no al revés. Por eso
analizará inclusive la causa penal sobre el robo.
El abogado Leonardo Martínez Herrero fue quien presentó la
denuncia inicial con un pedido para que se investigue el origen del dinero y
apuntó a la fundación SUMA: requirió sus legajos y balances, si justificó el
origen de las donaciones recibidas, si cumplió con las normas antilavado por
laque debe hacer presentaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Lo que ya confirmó el juzgado a través de la IGJ es que hasta julio, SUMA no
había presentado balances ni datos de actividad. Sólo estaba aprobada el acta
constitutiva y el cambio de autoridades. Una posible anomalía es que declaraba
que tenía “cero” empleados, y en su página web su informe de “transparencia”
del año 2104 decía que había gastado 165.500 pesos en empleados. La IGJ informó
que hay presentaciones que aún no aprobó, que son las que habrían sido
concretadas con posterioridad.
SUMA –también integrada por el jefe del bloque de senadores
Federico Pinedo y el ministro de trabo Rogelio Frigerio– sería el paradigma de
comportamiento de otras fundaciones, que fueron denunciadas por los diputados
del Frente Para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. La IGJ le informó
al juez que ninguna presentó balances y que sólo aparecen trámites sobre
nombramiento de autoridades, según confirmaron a Página/12 allegados a la
causa. Con esto la investigación empezó a corroborar los datos que presentaron
los diputados, que detallaron:
- Fundar Seguridad y Justicia, liderada por Burzaco, es “una
fundación fantasma” . No tiene página web ni informa actividades. En nueve años
no presentó balances ante la IGJ ni tampoco cumplió con las normas que la
obligan a presentar una declaración jurada sobre cumplimiento de las normas
para prevención del lavado de dinero.
- Creer y Crecer, presidida por Grindetti, también
investigado por los Panamá Papers, incumplió con sus presentaciones ante IGJ y
UIF. Según los denunciantes “habría fugado sumas millonarias en dólares a
través del mecanismo de contado con liqui”.
- En el caso de Formar, que encabeza Dietrich, se repiten
los incumplimientos. Dicen Cabandié y Tailhade que esta fundación está ligada a
un grupo llamada G25 varios integrantes del PRO, como Bullrich y Felipe Miguel
(jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta).
En el juzgado reconocen que lo que empezó como una
investigación sobre el origen de la plata robada de distintos rincones de la
casa de Michetti se transformó en un expediente mucho más grande que podría
tener vinculación el financiamiento dudoso de la actividad del PRO. El abanico
de delitos puede ser enorme: desde falsedad ideológica de documento público,
delitos cambiarios, maniobras vinculadas al lavado de dinero, e infracciones
impositivas.
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